NDP/ Fue consignada ante la Corte Penal Internacional en La
Haya, un voluminoso expediente del holocausto de la salud en Venezuela, crimen
de exterminio, establecido en el artículo 7, numeral 1, literal B del Estatuto
de Roma, la denuncia refleja cómo se ha afectado la calidad de vida de
casi 30 millones de habitantes, lo que ha originado también un éxodo masivo de
más de 4 millones de venezolanos, producto de la privación alimentos y
medicinas y la crisis humanitaria que atraviesa el país.
La investigación fue coordinada por Walter Márquez, experto
en Derechos Humanos y activo parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional,
así como profesor de metodología de la Investigación de la Universidad de Los
Andes.
Durante el anuncio, estuvo acompañado por los periodistas
Humberto Contreras, Judith Valderrama, Mariana Duque y Magaly Guerrero, quienes
hicieron la investigación hemerográfica y documental, además de los abogados
Jesús Alberto Berro, quien fuera funcionario de la Policía Judicial y Juez superior
penal, Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo y Juan Carlos
Gutiérrez, del Colegio de Abogados Penal Internacional, quienes suscribieron el
escrito ante la justicia internacional, el mismo está apoyado por la Federación
Médica venezolana que preside Douglas León Natera, el Colegio de Nutricionistas
de Venezuela, que preside Nixa Martínez, además de los médicos Juan Manuel
Guevara, Adolfo Sánchez Fernández y la Plataforma Democrática en Madrid que
lideriza el abogado William Cárdenas Rubio.
Esta denuncia, al igual que una anterior por deportaciones
forzosas en el año 2015 y el cierre de fronteras, constituyen crímenes de lesa
humanidad, además de otra que fuera remitida por Walter Márquez, en base al
informe de agosto de 2017 del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, sobre las protestas populares en Venezuela entre abril y julio
del año pasado.
Con la denuncia de exterminio, Walter Márquez, le solicitó a
la Corte Penal Internacional que establezca la responsabilidad personal del
presidente de la República, Nicolás Maduro, quien entre otras acciones, vetó la
Ley de solución a la crisis de la salud, aprobada por la Asamblea Nacional,
remitiéndola a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que
la anulara, además negó el canal humanitario. Sus políticas económicas han
generado una profunda crisis social y humanitaria en el país, con la escasez de
alimentos y medicinas y paralización del aparato productivo.
--- Ante esta gravísima situación el Dr. Douglas León Natera,
Presidente de la Federación Médica venezolana, calificó estos hechos como
el holocausto de la salud en Venezuela, una crisis humanitaria compleja. La
gente muere por falta de medicinas, de cirugías, transfusiones, diálisis, afecciones
renales, una desnutrición avanzada en niños y ancianos, los trasplantados se
mueren porque no tienen los medicamentos necesarios, han reaparecido
enfermedades que habían sido erradicadas como la malaria, la difteria y ha
aumentado el VIH de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud,
enfatizó Márquez.
También recordó, que la Federación de Farmacéuticos de
Venezuela que preside Freddy Ceballos, ha señalado que desde 2016 ha aumentado
en 85 % la escasez de medicamentos y a pesar de que no haber estadísticas
porque el gobierno las ha prohibido, niega la crisis humanitaria por falta de
alimentos y medicinas y rechaza la ayuda humanitaria, por lo que organizaciones
como la Asamblea Nacional, Provea, Cáritas, e instituciones internacionales entre
ellas Human Right Watch (HRW), la Cruz Roja Internacional y Amnistía
Internacional han manifestado su preocupación por la gravísima situación en
Venezuela debido a la crisis de alimentos y medicinas que incide directamente
en la salud de la población, al igual que la Unión Europea, la OEA, el
Secretario General de la OEA, el Secretario general de la ONU, la CIDH,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
y el Parlamento Europeo, instituciones que monitorean permanentemente la crisis
venezolana.
Desnutrición y mortalidad infantil
De acuerdo al informe de diciembre de 2017 de Cáritas, que
dirige Susana Raffalli, una ONG de la iglesia católica, ha aumentado en 68% la
desnutrición en los niños y la mortalidad infantil se incrementó en 25% cada
año, por lo cual a mediano plazo pueden morir 300.000 niños, producto de la
escasez de alimentos y medicinas y por el alto grado de desnutrición. A esto se
agrega que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló
que se incrementó en un 30% la mortalidad infantil en el año 2017 en Venezuela.
En el reciente informe de Cáritas publicado el 25 de octubre de 2017, se señala
que 4,5 millones de habitantes en Venezuela comen una vez al día, el 80% de los
30 millones de venezolanos comen solamente dos veces al día, y el 33% de la
población infantil tiene retardo de crecimiento lo cual incidirá en retardo
mental.
Manifestó Márquez, que una de las expresiones que resume la
crisis de la salud en nuestro país fue la de la médico Dora Colmenares, Jefe
del departamento quirúrgico de La Universidad del Zulia y Jefe de Cirugía del
Hospital Universitario de Maracaibo, en febrero de este año, quien señaló
que “en Venezuela los campos de exterminio son nuestros hospitales, porque allí
vemos como nuestros pacientes se nos van muriendo, no por la enfermedad sino
por la falta de medicamentos”.
“Frente a esta situación es importante señalar que el
Estatuto de Roma, califica como exterminio la imposición intencional de
condiciones de vida, lo cual está sucediendo en el país y la privación al
acceso de alimentos y medicinas, encaminados a causar la destrucción de parte
de su población, calificando como un holocausto de la salud y delito de
exterminio la actuación de Nicolás Maduro y el alto gobierno venezolano”,
destacó el parlamentario venezolano.
Por último detalló Walter Márquez que la denuncia se remitió
vía Web a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el expediente será
entregado personalmente en la CPI por José Manuel Pinto, presidente del Comité
de Venezolanos en La Haya.